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Opinión » 25/may/2010 » 2 vista
Ojalá que el informe final de la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que visitó Lima para evaluar la situación de la libertad de expresión sea más claro y directo, y menos malaguoso que las declaraciones del jefe de la delegación, Gonzalo Marroquín.
La misión se reunió con varias autoridades para plantearles las inquietudes de la SIP, incluyendo el presidente Alan García, el premier Javier Velásquez, el presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein, y el vicepresidente del Congreso Michael Urtecho, porque Luis Alva Castro estaba muy ocupadito.
Los temas concretos de preocupación fueron el avance sospechoso del caso judicial por el asesinato del periodista Alberto Rivera, que la SIP ha hecho bien en convertirlo en caso emblemático, y el cierre de radio La Voz de Bagua.
Un anuncio muy celebrado fue el del presidente García de que revisará el proceso administrativo que clausuró La Voz de Bagua. Es una buena noticia para reparar esta arbitrariedad, pero la verdad es que el gobierno ya tenía los elementos para corregir este exabrupto antidemocrático. La razón por la que ahora anuncia un eventual retroceso es el ‘roche’ externo.
La vocación del presidente García de ‘portarse bien’ solo cuando le llega el mensaje desde el exterior, pues las voces internas le interesan poco, le otorga relevancia al informe final de la SIP, y es por eso que será importante que este no se ande con ambigüedades como las siguientes dichas por Marroquín:
“Nos ha dado satisfacción encontrar (en el gobierno) una expresión firme y determinada, y hasta un compromiso con la SIP, para respetar la libertad de prensa y de expresión en el Perú”; “no encontramos que haya una política de Estado para limitar los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión”; y “el Perú está mucho mejor que muchos países de la región”.
Eso parece muy tibio cuando el gobierno acaba de fracasar en su intento de controlar América TV usando como caballo de Troya el indulto a José Enrique Crousillat; cuando hay muchas más radios cerradas por su línea y usando como coartada la razón administrativa; cuando para silenciar a periodistas se ha extendido el uso de juicios sin sentido que unos jueces timoratos se mueren de miedo de rechazar de plano; cuando el presidente y algunos ministros discriminan a medios –como La Primera– en sus declaraciones; y cuando miembros del gobierno acosan a periodistas incómodos y –¡qué vergüenza!– usan a algunos periodistas para ese fin subalterno.
Ojalá que el reporte de la SIP sea claro y directo sobre estos temas, y que se divulgue antes de la realización, en Lima a inicios de junio, de la Asamblea de la OEA en la que un tema será la preocupación por la tendencia creciente en algunos gobiernos a restringir el libre funcionamiento de los medios.
Por Augusto Álvarez Rodrich
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