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Uno de los grandes vacíos del Código Civil respecto a las uniones de hecho es lo relacionado a precisar situaciones post morten de uno de los miembros de la pareja. El Art. 326 del Código Civil, si bien establece en su texto de que la unión de hecho origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales y que da por terminada dicha relación por muerte de uno de los miembros de la pareja, no dice nada respecto a los derechos del sobreviviente a una pensión de viudez, en caso su pareja fallecida fuese titular de dicho derecho pensionario.

No obstante ello, el Tribunal Constitucional en reciente resolución del expediente Nº 06572-2006-PA/TC fechada el 6 de agosto del 2007 logra establecer el tema de la protección de la familia, que no sólo se manifiesta a través del matrimonio, sino, en otras situaciones de desarrollo fáctico como el concubinato genérico, en el caso de parejas que viven como casados sin serlo y que tampoco pueden hacerlo (parejas adulterinas); y los concubinatos puros, referido a aquellas parejas que viven como casadas, sin serlo, pero que sí pueden casarse; y las familias ensambladas con cónyuges separados, viudos o divorciados. Es decir, de todo un conjunto de familias de diversa naturaleza formativa a las que el derecho les segrega o margina de manera más o menos sutil, a pesar que desde la Constitución de 1979 (Art. 9), se reconoció las uniones de hecho, asunto que fue ratificado por la Constitución de 1993 (Art. 5).

De esta forma, el tribunal, desarrollando un marco jurisprudencial que forma parte de lo que en el pensamiento continental europeo se denomina derecho civil constitucional, empieza a pronunciarse sobre estos temas, y en la cual se inaugurarán a futuro otros conflictos más complejos.

EL CASO DEL EXP. N.° 06572-2006-PA/TC

De acuerdo a los antecedentes del caso, que la propia sentencia del Tribunal Constitucional incluye en su texto se tiene que este nace del Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por doña Janet Rosas Domínguez contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 95 y fecha 31 de mayo de 2006, que declaró improcedente la demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando el otorgamiento de una pensión de viudez.

La recurrente manifestó tener una declaración judicial de unión de hecho con don Frank Francisco Mendoza Chang (su fallecido marido) y que, su menor hija producto de dicha relación, venía percibiendo pensión de orfandad, en virtud de ser hija del causante.

La ONP contestó la demanda manifestando que la declaración judicial de la unión de hecho no da derecho al otorgamiento de una pensión de viudez, ya que ésta se otorga únicamente cuando se cumplen con los requisitos expuestos en el artículo 53 del Decreto Ley 19990. Es decir, se requiere necesariamente que se acredite la celebración del matrimonio. En el presente caso, como no se ha acreditó la unión conyugal, la demanda fue desestimada por el Quinto Juzgado Especializado Civil de Piura, quien, con fecha 30 de diciembre de 2005, declaró improcedente la demanda considerando que, a través del proceso constitucional, no es posible otorgar derechos, sino proteger el ya reconocido.

LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Como fundamento inmediato, el Tribunal Constitucional se ampara en el punto 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, en donde se señala que, “aun cuando a primera vista las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no forman parte del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, en la medida en que el acceso a las prestaciones pensionarias sí forma parte de él, son susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales”.

En el presente caso, la demandante solicitó que se le otorgue una pensión de viudez, conforme con el Decreto Ley N.º 19990, alegando tener una declaración judicial de unión de hecho con quien fue su conviviente don Frank Francisco Mendoza Chang, ya fallecido.

El problema que se buscó dilucidar en este caso era la procedencia respecto al derecho pensionario de sobrevivientes a la pareja de hecho supérstite. Ello implicaba determinar si es que, a pesar de la omisión expresa del requisito del Decreto Ley N.° 19990, se factibilizaba el reconocimiento de tal beneficio a las parejas de hecho.

Existían por cierto, al momento de la expedición de la sentencia bajo comentario una serie de pronunciamientos del propio Tribunal Constitucional, que de una u otra forma, entreabrían la puerta para una solución más acorde con la realidad humana que con la fría disposición normativa Tal es el caso de la Sentencia del Expediente 03605-2005-PA/TC que aceptaba tal supuesto por medio de otra sentencia, la del Expediente 02719-2005-PA/TC, se rechazó tal supuesto, aceptándose luego tal hipótesis.

ANÁLISIS: Tutela de la Familia en el Estado Democrático y Social de Derecho y pluralidad de estructuras familiares

La tutela integral de la familia significa, en principio, que ella debe ser considerada como una unidad a los fines de los beneficios resultantes de la seguridad social y sujeta a las razonables limitaciones que establezca la ley. Fue la Constitución de Weimar (1919) en donde se reconoció expresamente el rol protector del Estado para con la Familia. Sin embargo, es de precisar que en aquella época se identificaba al matrimonio como único elemento creador de familia. Se trataba pues de un modelo de familia matrimonial, tradicional y nuclear, en donde el varón era “cabeza de familia” dedicado a cubrir los gastos familiares y la mujer realizaba necesariamente las labores del hogar. Dentro de esta tendencia de reconocimiento de protección de la familia, constituciones posteriores a la segunda guerra mundial fueron recogiendo dicha institución, conceptuándola en muchos casos de manera muy similar.

Evidentemente tanto la familia como el matrimonio son instituciones naturales, en el sentido de que preceden a la constitución de los Estados, y son permanentes a lo largo de la historia del hombre, si bien con distintos contenidos en el curso de su evolución. Por ello, la Constitución reconoce su función esencial, pero no las confunde, presuponiendo un concepto cultural, abierto y plural de familia, adaptable a las necesidades que puedan existir en cada momento.

La distinción constitucional entre familia y matrimonio conduce a excluir toda asimilación o identidad entre ambas instituciones, por lo que la familia resulta protegida con independencia de la forma de su constitución (matrimonial o extramatrimonial).

Por otra parte, las uniones no matrimoniales constituyen en nuestros tiempos una manifestación importante dentro de las posibilidades de constitución de un grupo familiar. Así, la doctrina civilista venía distinguiendo entre institución y función familiar, entendiendo que tal función podía desarrollarse de modo igualmente dignos en la familia tradicional de corte matrimonial como en otras agrupaciones familiares distintas.

La Constitución ha confirmado esta evidencia con el referido Art. 5 y la jurisprudencia ha comenzado a reconocer progresivamente efectos jurídicos a las uniones de hecho, equiparándolas en muchos aspectos a las familias matrimoniales. En esta dirección se sitúa la sentencia bajo comentario del Tribunal Constitucional.

Hay que enfatizar, no obstante, que matrimonio y convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos realidades equivalentes: De ello no se puede deducir que toda medida que tenga como únicos destinatarios a los cónyuges, con exclusión de quienes convivan establemente en unión de hecho, sea siempre y en todos los casos compatible con la igualdad jurídica y la prohibición de discriminación que la Constitución garantiza en su art. 5.

Por Bertha Villalobos Fernández – Juez de Paz Letrado Tembladera

Publicado el 9 - mar - 2010

Categoria: Opinión

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