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(Cuando las medidas afirmativas al fondo tienen sitio) 

Todos los días, los/as usuarios/as del transporte público en la ciudad de Cajamarca vivimos, lamentablemente, una indignante realidad: la falta de respeto a quienes les corresponde el asiento reservado; por lo tanto, las mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y niñas o personas con discapacidad sufren la indiferencia o desconsideración de los conductores, cobradores y de los pasajeros que usurpan este lugar especial ubicado en los primeros asientos del vehículo de transporte.

Esta situación, que para muchas personas sería un mero acto de cortesía, se encuentra amparada en la legislación peruana. Así, a través de la Ley Nº 28683 se establece la atención preferente a este sector de la población en lugares de atención al usuario y la obligación de que los servicios y establecimientos de uso público de carácter estatal o privado deben implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado para las mismas. Sin embargo, los trabajadores de las empresas de transporte público no se han preocupado por mejorar su servicio en este aspecto tan importante, el cual involucra, sustancialmente, los derechos fundamentales relacionados con la seguridad de la vida y las garantías de la integridad física.

Es más, incluso en algunos medios de trasporte no se ha cumplido con publicar, conforme lo exige el artículo 2 de la ley en comento, un afiche educativo que indique cuáles son los asientos reservados en el vehículo. Tampoco se ha diseñado un plan de capacitación para conductores o cobradores de microbuses o combis (art. 2 inc. 4), quienes en lugar de contribuir con el respeto de estos asientos, es decir, orientar a los usuarios para que cedan sus lugares a quienes lo necesitan, se muestran indiferentes, aun frente a la queja de algún pasajero que critica el irrespeto de otro que no cede su sitio. Los agentes del servicio de transporte público maltratan, física y verbalmente, a los pasajeros cuando exceden la cantidad de usuarios que transportan y los cobradores pregonan la trillada expresión “al fondo hay sitio”.

¿Cómo enfocar esta problemática? Esta se ha convertido en un comportamiento que solo es reprochado socialmente cuando somos los/as directamente afectados/as (me refiero a cuando -en nuestra condición de pasajeros/as- estamos gestando, llevamos un bebé o niño/a en brazos o necesitamos el asiento debido a un impedimento físico).

La respuesta es la educación orientada a la prevención de la infracción. En otras palabras, una educación que empiece por reconocer el derecho fundamental del otro, vinculado al respeto de su condición particular de diferente. Tal distinción, debe ser entendida como el respeto a su derecho de ser tratado diferente como medida afirmativa desprendida de aquella discriminación buena que la propia Constitución ampara (artículo 2, inc. 29). Por lo que dicha medida afirmativa, obliga fundamentalmente a respetar la condición de madre gestante, mamá/papá con bebé, anciano/a o persona con discapacidad sicomotriz.

A pesar de ello, se debe dar a conocer que el artículo 3 de la ley referida, establece que frente al incumplimiento se debe proceder a la aplicación de una multa que no excederá el 30% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), y se impone para atender la magnitud de la infracción y con criterio de gradualidad. Esto significa que la conducta del cobrador, conductor o gerente de la empresa de transportes será sancionada por la infracción (para el caso de no propiciar el uso y respeto del derecho al asiento reservado, y que empieza por educar a los usuarios).

En este sentido, cabe indicar que el dinero recaudado por este concepto –multa por la infracción- se debe destinar a financiar programas de promoción, educación y difusión de la presente ley. Sin embargo, hasta ahora no existe una sanción impuesta, a pesar de la recurrencia en la infracción de esta ley por parte de las empresas de transporte público. Y aunque -según la propia ley- el ente encargado de aplicarla es la Municipalidad, dicha institución no ha diseñado una política edil que se preocupe por la difusión educativa y fiscalizadora del respeto por “el asiento reservado” para que así esta ley no sea un mero afiche decorativo adherido en la ventana de una combi o microbús. Es más, conforme a ley, la Municipalidad debe comunicar la imposición de la multa, así como el pago a la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), Oficina Municipal de las Personas con Discapacidad (OMAPED) y oficinas de servicio social.

Ante esta situación, es claro que no solamente se debe cumplir con lo señalado por la Ley 27050 (Ley General de la persona con discapacidad), sino que además contamos con la Ley 28683 que constituye una importante herramienta de regulación y desarrollo que permite concretar medidas en favor del respeto de los beneficiarios del asiento reservado, pero además prescribe sanciones y obligaciones que debe tener en cuenta la institución edil.

Finalmente, la progresiva solución a esta falta de respeto al beneficiario/a del asiento reservado, radica en el comportamiento educado y la actitud asertiva de cada ciudadano/a en su rol de usuario/a del transporte público. Todos debemos reconocer que el asiento reservado, en el fondo de nuestra conciencia, tiene un sitio reconocido por la propia ley, lo cual implica una reflexión personal sobre nuestra empatía para con los (las) demás y su situación particular de diferente.

Sandra Maribel Bringas Flores

Publicado el 14 - ago - 2012

Categoria: Opinión