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Opinión » 19/may/2010 » 3 vista
Todo texto constitucional tiene una orientación ideológica. En la vida política, partidos y movimientos aspiran a plas¬mar un determinado modelo de sociedad. Hay un viejo problema de todo partido de izquierda, relativo al poder y la necesidad de irse procu¬rando una legalidad favorable a objetivos de transformación y justicia social.
No necesariamente toda Constitución liberal es una muralla china para un gobierno de izquierda. En la práctica, los gobiernos de derecha terminan siendo, por lo general, inconsecuentes con los propios postulados libera¬les de sus constituciones. La defensa de la libre competencia retrocede en los hechos frente al poder de los monopolios, por ejemplo. Una democracia antimonopolista y defensora del consumidor deviene valiosa. Entonces, como que una táctica adecuada es tomarle la delantera política a la derecha en aquellos puntos en que esta retrocede por inconsecuencia.
Ahora bien, la Constitución fujimorista de 1993 en el Perú fue un retroceso en materia de derechos sociales frente a su similar de 1979.Sin embargo, la propia Constitución de 1993 tiene algunas “llaves” para abrir puertas y llegar a la normatividad supranacional de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Estas “llaves” son los Arts. 3 y 55 así como la Cuarta Disposición Final y Transitoria. De estos dispositivos fluye la vincula¬ción y subordinación del ordenamiento jurídico peruano con los tratados inter¬nacionales sobre DD.HH.
¿Qué hacer cuando se haga necesario trascender el marco constitucional liberal?. En rigor, esta es una pregunta cuya respuesta dependerá de la concreta correlación de fuerzas políticas en determi¬nado momento.
Un impulso de masas favorable a un gobierno y sus medidas aparece como ideal para un referéndum o una asam¬blea constituyente. Se diseña entonces una nueva carta que permite una mayor libertad en el desarrollo de los objetivos de transformación social, así como traer para el campo popular la bandera de la legalidad constitucional.
Ciertamente, los proyectos revolucionarios deben procurarse vanguardias plurales, de frente amplio real y no ficticio. Pero ocurre y ocurrirá que siempre será un problema el cómo tratar a la oposición que desafía un proyecto de cambio desde una óptica agresiva.
El primer y más importante combate tendrá que ser a nivel político. Si es necesario reprimir, esto debe hacerse conforme a la normatividad internacional sobre DD.HH. En efecto, esta contempla situa¬ciones en las que es permisible la restricción de derechos funda¬mentales bajo criterios de mora¬lidad pública, seguridad nacional y para asegurar los derechos de los demás. La izquierda ha de saber combinar conocimiento legal, sagacidad política y consecuencia revolucionaria.
Manuel Ernesto Navarrete Bazán
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