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El Artículo 103° de la Constitución Política del Estado, establece que “…La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuera ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo…”.

Con relación a la aplicación de las normas penales, el Tribunal Constitucional ha manifestado, en reiterada jurisprudencia, que en la aplicación de normas procesales penales rige el principio tempus regit actum, que establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse (Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. 2496-2005-PHC/TC de fecha 17-05-05 – caso Eva Rosario Valencia Gutiérrez). Así mismo, en el Expediente 1300-2002-HC/TC, este Supremo Tribunal expresó que “en el derecho procesal, el acto procesal está regulado por la norma vigente al momento en que éste se realiza”, y que, el principio de irretroactividad de la ley a que se refiere el artículo 103° de la Constitución, es sólo aplicable a las normas del derecho penal material.

Este criterio fue expresado contradiciendo la tendencia internacional en el sentido de que las normas procesales y penitenciarias tienen naturaleza penal, e incluso, en el expediente 2273-2002-HC/TH, Lima, sentencia del 09 de julio del 2002, caso Mejía, había indicado que “4. Este Tribunal Constitucional debe señalar que en el presente caso el plazo máximo de detención no es de dieciocho meses conforme lo prevé la ley 27553, de fecha 13 de noviembre del 2001, pues de esto ser así supondría la aplicación retroactiva de una norma más gravosa y aflictiva al derecho fundamental a la libertad personal, por cuanto incrementa plazos de duración de la detención que estableciera el Decreto Ley 25824, ésta última vigente cuando se le instauró el proceso penal a la actora y por ello aplicable en virtud del principio de ultractividad benigna en la aplicación temporal de la ley penal; lo cual es conforme con el artículo 103 de la Constitución Política del Estado”. (Guerrero López, Iván Salomón (2009) . “COMMON LAW en el Perú – Jurisprudencia Penal Vinculante, pag 21)

La sentencia del Tribunal Constitucional expedida dentro del Expediente N° 804-2002-HC/TC en los seguidos por Santiago Granda Sotero, del 09 de Julio del 2002, fundamenta: “ En efecto, si una nueva ley resulta más gravosa o restrictiva para los derechos del procesado o condenado, el juzgador debe decidirse por la más benigna, es decir, por aquella que no importe una restricción más severa o penosa de su libertad individual”.

Un caso concreto que guarda relación con el tema de investigación es el referido a la dación de la ley 27770 (que estableció condiciones más gravosas para la concesión de este beneficio para aquellos internos que hubieran cometido delitos contra las Administración Pública, pues se aumentó a las dos terceras partes de la pena el requisito para acceder a la semilibertad). El Tribunal Constitucional se pronunció al respecto en el fallo del 10 de Diciembre del 2003 (Exp. N° 2196- 2002-HC/TC) en el caso de Carlos Saldaña Saldaña. En dicha sentencia, distingue la irretroactividad en el tempus delicti comissi (para la pena) y el tempus regis actum (para el proceso y la ejecución de la pena). En esta sentencia, el T.C distinguió donde no distinguen los tratados, la CIDH, la Constitución, la ley ni la doctrina. Con este pronunciamiento, contraviene lo dictaminado por la CIDH – Que, fue obedecido por el Perú – y contra sus propios fallos, singularmente el transcrito referido a Granda y Sotero. No puede en una fecha decir una cosa y en otra la antagónica. Tiene que ordenar sus ideas. La CIDH ha dicho claramente que las leyes procesales no tienen efecto retroactivo. Tampoco las disposiciones que influirán en la penalidad “haciéndola más gravosa o restrictiva”.

Todo lo antes anotado, tiene mayor relevancia aún si se pondera que, para la doctrina moderna del derecho penal una de las más importantes garantías del Derecho Penal es el principio de irretroactividad de la ley penal, sobre lo que en las últimas décadas, en los propios claustros universitarios de pregrado, se ha incidido mucho, existiendo siempre la convicción de que cuando un sujeto comete un hecho delictivo, está sujeto a un paquete de normas vigentes en ese momento: Una norma sustantiva, una norma procesal y una norma penitenciaria. Cualquier modificación posterior, es válida solo para casos futuros, pero no pueden ser aplicadas retroactivamente, de lo contrario, suponiendo que una norma procesal penal prohibiera apelar o suprimiera las excepciones, ¿sería aplicable?.

Ahora bien, el artículo VIII del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, establece expresamente que: “La retroactividad y la interpretación de este Código se resuelven en lo más favorable al interno”. Por su parte el artículo 3° del Reglamento del citado Código (Decreto Supremo N° 015-2003-JUS), establece que: “La ejecución de la pena se cumplirá respetando los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución Política del Perú, y en el resto del ordenamiento jurídico peruano. Esta protección se extiende a todos los internos, tanto procesados como sentenciados, respetando las disposiciones que establezcan los Tratados internacionales sobre la materia”.

En ese sentido, conforme al estado actual del Derecho Penal, debe sostenerse que la Constitución, las normas penitenciarias y los diversos instrumentos de Derechos Humanos, establecen que la ley penitenciaria aplicable al condenado es la vigente al momento de la comisión del delito. Solo esta conclusión es consecuente con el fin preventivo – general de la pena y la función de motivación de la norma penal. En consecuencia, toda modificación que hace más gravosa la aplicación de beneficios penitenciarios, solo pueden aplicarse a las condenas por hechos punibles cometidos tras la puesta en vigencia de dicha ley

Por ello, en estricta aplicación del principio de legalidad y amparado en nuestras normas vigentes que deben inspirar seguridad jurídica en un país democrático como el nuestro, concluyo sosteniendo que el ámbito temporal de la aplicación de las normas que regulan la concesión de beneficios penitenciarios debe estar orientada por el artículo 103° de la Constitución Política del Perú.

Por: JOHNY MARINO DIAZ SOSA – Abogado

Publicado el 26 - feb - 2010

Categoria: Opinión

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