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Editorial » 5/feb/2010 » 5 vista
La corrupción es una de las lacras sociales que más preocupan en el mundo moderno. Solo por citar un ejemplo cercano el caso del vicepresidente regional Aníbal Balcázar y los recientes hechos suscitados en la adjudicación de plazas docentes son una muestra palpable de que vivimos en un entorno de corruptela, para muestra basta un botón. La corrupción constituye una atadura moral, ética y financiera que dificulta el desarrollo de un país y agravia al Estado y a la sociedad en su conjunto.
Es un mal que socava la transparencia de nuestras instituciones públicas y privadas, anida la perversión en el desempeño humano de todos los estamentos sociales, desde la familia hasta los centros laborales y fabriles, así como en la administración pública.
En nuestro país, la lucha contra la corrupción cobró mayor importancia en los últimos años. El Gobierno despliega grandes esfuerzos y ha destinado fondos para establecer normas rigurosas y hacer que la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador autónomo, sea cada vez más eficaz y oportuna.
Todo esto, independientemente de la autonomía jurisdiccional que corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial cuando se trata de perseguir y sancionar los delitos de corrupción en sus diferentes modalidades.
El Gobierno impulsó la instauración de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que canalizará los esfuerzos de los poderes del Estado, los organismos constitucionales y la ciudadanía en su conjunto para establecer mecanismos seguros de transparencia en la administración pública. Esperemos que no sea una utopía.
La Comisión de Alto Nivel será una instancia que planteará propuestas y diseñará estrategias, sin menoscabo de las funciones, atribuciones y competencias que la Constitución consagra a instituciones encargadas de combatir la corrupción.
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, al asumir el compromiso de dirigir la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ha señalado que el grupo de trabajo canalizará los esfuerzos interinstitucionales para contribuir a consolidar un Estado moderno, transparente y competitivo que no acepta convivir con la corrupción y que está dispuesto a diseñar estrategias y lineamientos eficaces.
La gran tarea es consolidar una política de Estado permanente que permita coordinar esfuerzos y canalizar estrategias hacia una cultura de transparencia y ética en cada sector de nuestra sociedad. Gobernantes, funcionarios y ciudadanos debemos cerrar filas contra la corrupción.
© Panoramacajamarquino.
Sin embargo la corrupciòn continua y es palpable y notorio en varias in stituciones….